La juventud castellano leonesa está "inmersa en la precariedad y la fragilidad laboral", según un estudio sobre emancipación

Este informe lo realiza cada semestre el Consejo de la Juventud de España en colaboración con los consejos autonómicos, y se configura como una estrategia para monitorizar los resultados sobre la juventud para ofrecer una perspectiva "cuantitativa y descriptiva sobre la situación de la juventud en lo que respecta a empleo, educación y vivienda", según un comunicado del Observatorio.

Del documento se desprende que, desde finales de 2017, la Comunidad castellanoleonesa ha presentado una "caída sostenida" de la tasa de emancipación en la población de entre 16 y 29 años, por lo que en el primer semestre del pasado año continuó este descenso de la tasa de emancipación hasta situarse en el 14,7 por ciento.

Tal y como ha señalado la presidenta del CJCyL, Sandra Ámez, el colectivo juvenil "está inmerso en una precariedad y fragilidad laboral que repercute en las expectativas y proyecto vitales de la población joven", algo que "contiene el proceso de emancipación residencial a la espera de alcanzar una estabilidad laboral y económica.

Todo ello porque, "como se ha visto, tener un empleo, no asegura entre el colectivo juvenil el no estar en riesgo de pobreza o exclusión social, de modo que se necesitan políticas públicas de juventud para, desde y con la juventud".

RESULTADOS DEL INFORME
En cuanto al nivel de estudios, los estudios secundarios postobligatorios han sido la categoría formativa más extendida, puesto que el 37,2 por ciento de las personas menores de 30 años había alcanzado en dicho periodo el nivel formativo y, además, el 76 por ciento estudiaban.

Cabe señalar que las mujeres contaban con mayor nivel formativo que los hombres, dado que el 30 por ciento de ellas logró finalizar estudios superiores frente al 21,9 por ciento de hombres.

En cuanto a emancipación y nivel de estudios, de igual manera que en el resto del país, la población joven de Castilla y León permanece en el hogar familiar durante el tiempo que está formándose, ya que establecerse en una vivienda independiente "supone una serie de gastos que pocas personas estudiantes pueden asumir".

Otra particularidad de Castilla y León fue su saldo migratorio interautonómico negativo, de modo que, durante el 2020, obtuvo un balance negativo de 959 personas.

Por tanto, desde 2008, la Comunidad ha perdido población joven de manera sistemática por las emigraciones hacia otras comunidades autónomas y en el año 2019 se cerraba con una tasa de actividad del 51,6 por ciento mientras que a mediados del 2021 fue del 48 por ciento.

De entre todos los contratos registrados en el primer semestre de 2021 en Castilla y León, casi la totalidad (el 92,7 por ciento) fueron de carácter temporal, mientras que la contratación de duración indefinida sumaba apenas un 7,3 por ciento de todos los nuevos contratos.

En este sentido, la Comunidad registró el mayor aumento de la tasa de paro juvenil en España, que pasó del 22,9 por ciento al 27,1 por ciento entre el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021.

En lo que respecta a los términos de pobreza y exclusión social, la tasa de pobreza o exclusión social (Arope) de la juventud castellanoleonesa se situó en un 18,9 por ciento en 2020, de manera que para una persona joven asalariada el pago de la vivienda "no resultaba viable sin sobreendeudarse".

En cuanto al coste efectivo de la vivienda, el importe medio que pagaban por la vivienda las personas jóvenes de Castilla y León que lograban emanciparse en alquiler era de 300,68 euros mensuales en 2020, sin contar el coste de suministros u otro tipo de costes.