La organización ecologista leonesa a través de sus portavoces Florentino Rodríguez y Ángeles Murciego han emitido un comunicado en el que manifiestan, que la más que posible aprobación mediante un informe favorable por parte de la Junta Castellano Leonesa, para la explotación de las canteras de "La Pola" y "La Solana", llevará consigo un impacto ambiental de consecuencias devastadoras sobre el territorio en cuestión. Además, ponen de manifiesto que todo el procedimiento ha estado plagado de ilegalidades e incorreciones que de por si ya deberían ser causa suficiente para su rechazo por parte de la administración correspondiente.
Provincia 29 de septiembre de 2022 RML
Tren “Alvia” circulando a unos 100 metros por delante del macizo rocoso de las canteras
La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León se pronunciará este jueves, 29 de septiembre 2022, sobre el informe favorable a la explotación de las canteras “La Pola” y “La Solana”, que harán volar el macizo rocoso del lado derecho de la carretera N-630 en dirección a Asturias, a su paso por las localidades de La Pola y Vega, en el término municipal de La Pola de Gordón.
Ecologistas en Acción votará en contra y pedirá el voto contrario por el impacto crítico de estas canteras y porque el promotor, la Junta Vecinal de Pola de Gordón, no ha presentado un proyecto técnico comprensivo del conjunto de la explotación y de sus viales de acceso, tal como exige la Ley de evaluación ambiental.
Mediante voladuras a cielo abierto se prevé extraer durante más de 16 años, cerca de 80.000 metros cúbicos anuales de piedra caliza (186.000 toneladas/año) afectando a unas 14 hectáreas de Montes Catalogados de Utilidad Pública. Para Ecologistas en Acción las canteras son incompatibles con el régimen de protección de los MUP (art. 59 Ley de Montes de Castilla y León) que obliga a preservar la condición forestal de los terrenos afectados. Los desmontes o explotaciones mineras a cielo abierto, como estas canteras, suponen la alteración geomorfológica irreversible del monte y del paisaje.
El impacto también será crítico porque el perímetro de la explotación se encuentra a menos de 400 m de Vega de Gordón, a 75 m del cauce del río Bernesga, a menos de 100 m del tendido eléctrico, y a menos de 200 m de las vías del ferrocarril y de la carretera N-630. Las vibraciones y el material despedido en las voladuras podrán causar daños a estas infraestructuras, a las personas y a sus bienes. Cabe recordar al respecto, las obras de estabilización y contención que, ante el riesgo de desprendimiento de rocas, realizó el Ministerio de Fomento en 2019 sobre la misma masa rocosa que bordea la carretera N-630 y que sufrirá las voladuras de las canteras próximas.
Por otra parte, el ruido y el incremento de la contaminación atmosférica provocará un deterioro inaceptable en la calidad de vida de las poblaciones cercanas.
Resuelta especialmente llamativa la indefinición de los accesos a las canteras, que ahora son caminos que discurren por fincas privadas y montes de utilidad pública y que habrá que transformar en carreteras aptas para el trasiego de vehículos pesados. El informe los menciona de pasada, sin que exista documentación que acredite la viabilidad de unas infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento de la explotación. Por otra parte, el entronque de los accesos con la carretera N-630 exigirá modificar los cruces previo estudio, solicitud y autorización que tendrá que otorgar el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (antes Ministerio de Fomento).
Tampoco se aportan informes técnicos de Renfe/Adif, CHD, REE, ni del Ayuntamiento de Pola de Gordón que ha presentado alegaciones y tendrá que informar la autorización de uso excepcional de suelo rústico, así como tramitar y otorgar las licencias ambiental y urbanística.
Se propone declaración favorable sin que se presenten a la Comisión los informes de las Administraciones públicas afectadas y sin que exista un proyecto comprensivo del conjunto de la explotación y de sus accesos y, sin esa documentación técnica, es imposible conocer el verdadero alcance de la actividad extractiva y por lo tanto evaluar su verdadero impacto.
Con estas carencias la DIA favorable que se emita será una estafa ambiental.
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