ASAJA valora positivamente las normas urbanísticas presentadas ayer en León por el Consejero de Medio Ambiente

ASAJA ha recibido con satisfacción la elaboración del proyecto de nuevas normas subsidiarias de planeamiento urbanístico para la provincia de León, presentado ayer por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya que es una vieja reivindicación de la organización agraria. ASAJA se había dirigido tanto a la Diputación como a la Junta de Castilla y León poniendo de manifiesto las dificultades que estaban encontrando muchos agricultores y ganaderos para construir naves ganaderas, y sobre todo secaderos de maíz, ya que las necesidades de altura de estas instalaciones eran incompatibles con las normas urbanísticas vigentes. En este sentido, ASAJA ha pretendido una interpretación más generosa de la norma, pero ha topado con la mayoría en la Comisión Provincial de Urbanismo que se ha limitado a la interpretación literal del texto, por lo que no ha sido posible “desatascar” proyectos agropecuarios pendientes. 

ASAJA estudiará detenidamente el proyecto para comprobar que se atienden todas las necesidades del sector, y en particular las que hacen referencia a la ocupación de parcela y altura de la construcción, y presentará alegaciones si fuera necesario. 

A favor de las normas subsidiarias 

ASAJA es partidaria de que los ayuntamientos trabajen con normas subsidiarias, si estas son razonables como parece ser ocurrirá a partir de ahora, y no con normas propias, ya que, a efectos agrarios, en muchas ocasiones las normas urbanísticas propias de los ayuntamientos ocasionan todavía más problemas a los promotores de proyectos. Muchos ayuntamientos aprueban normas urbanísticas propias, elaboradas por un gabinete técnico externo, sin que prácticamente nadie se preocupe de ver  su contenido, con las correspondientes “sorpresas” posteriores. La modificación posterior, aunque posible, es un proceso largo y complicado para ayuntamientos con pocos recursos humanos y materiales. 

ASAJA considera que todas las administraciones tienen la obligación de aplicar procedimientos rápidos para dar curso a los expedientes de quienes promueven una vivienda o una instalación agrícola o industrial en los pueblos, algo que en la actualidad con carácter general no ocurre. En muchos casos, por culpa del ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, o de las tres administraciones a la vez, se pasan meses o incluso años desde que se presenta un proyecto hasta que se puede empezar a construir, lo que es motivo de desánimo, de encarecimiento de los costes, y en no pocas ocasiones de desistimiento.