El Procurador del Común insta a la Junta para que tome medidas ante los retrasos en las subvenciones

Actualidad 23 de agosto de 2022 Por SILVIA RAPOSO
La solicitud de amparo ante el Procurador del Común de Castilla y León presentada por parte de la dirección de esta casa sobre el retraso injustificado en la gestión de una ayuda de la Consejería de Empleo e Industria, ha producido la emisión de una resolución por parte del Defensor de la Ciudadanía de la Comunidad dirigida a la Junta Castellano Leonesa, para que de manera urgente, se tomen las medidas precisas para garantizar en su actuación el cumplimiento del principio de celeridad, en los términos que fija el artículo 5 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León y de Gestión Pública".
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Extracto final de la resolución emitida por el Procurador del Común RADIO MONTAÑA LEONESA

El objeto de esta reclamación se fundamentó en la presentación en tiempo y forma de toda la documentación requerida para la obtención de una ayuda para la implantación de empresas en territorios de la Comunidad con pocos habitantes y especialmente sensibles a los efectos de la despoblación y con escasez de proyectos empresariales vertebradores de sus economías locales, que provinieran de otras comunidades españolas y que, además, estuvieran generados especialmente por mujeres.

La reclamación se efectuó a partir de una serie de retrasos que se justificaban por parte de la administración de forma telefónica basados en afirmaciones de funcionarios que atendían estas llamadas efectuadas al departamento correspondiente de la citada consejería, en la que se contestaba mediante excusas del tipo: “falta de personal, baja del funcionario encargado, o causado por el proceso electoral de las Cortes Castellano Leonesas.

Si bien resulta según se desprende de la resolución del Procurador del Común, difícil de demostrar que estas afirmaciones telefónicas se han producido, es de sugerir que, en otras administraciones, las conversaciones que se producen con los departamentos por parte de los ciudadanos se pueden grabar, con lo que si pudiera quedar constancia de esta manera de actuar que a todas luces resulta como mínimo “poco profesional” por parte de la Administración.

No obstante, el retraso excesivo en el caso que nos ocupa quedó plenamente contrastado, por lo que el Procurador ha instado a la Administración Autonómica Castellano Leonesa para que estos retrasos injustificados dejen de producirse en el futuro. En su resolución se especifica concretamente que: "Esta Procuraduría no pretende concretar ni imponer la solución para reducir el plazo de tramitación de las solicitudes de subvención, ya que se trata de una facultad discrecional de la potestad auto-organizatoria de las Administraciones Públicas", subraya el planteamiento del Procurador, al tiempo que apunta que "se debe analizar si falta personal o medios materiales en función del volumen de trabajo que genera la concesión de estas ayudas, si su tramitación conlleva una carga burocrática excesiva o incluso si el plazo de resolución establecido en la orden de convocatoria resulta adecuado teniendo en cuenta el sistema de tramitación de estas ayudas convocadas en régimen de concesión directa y el número de solicitudes presentadas" para evitar retrasos como el que suscitó la queja "y que es posible que no se haya producido únicamente en este expediente".

Desde nuestra organización podemos afirmar que situaciones como la que se ha planteado en nuestro caso pueden generar problemas de difícil solución que van más allá de los riesgos que como proyecto empresarial cada emprendedor asume. No es aceptable que la Administración que ha de ser garante y apoyo del administrado, pueda generar problemas estructurales que hundan proyectos, tanto empresariales como personales a partir de una burocracia mal llevada.

La institución del Procurador del Común recuerda a la Consejería que "los retrasos en la recepción de las ayudas públicas en muchos casos distorsionan la finalidad para la que fueron creadas y perjudican no solo a los interesados en cada uno de los expedientes de solicitud de dichas subvenciones, sino que afectan a la ciudadanía en general, mermando su confianza en el correcto funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas".

También alude a que "no es aceptable en términos de la eficacia y eficiencia que debe guiar la gestión de los asuntos públicos" el silencio administrativo negativo al que aludió la Consejería en sus explicaciones sobre la concesión de ayudas.

Es por ello, que animamos a cualquier ciudadano que sienta que sus derechos están siendo vulnerados, a que ponga en marcha los recursos que las propias administraciones poseen para su defensa y no lo dejen solo en protestas o enfados verbales que no conducen a nada, o como mucho, al descrédito del propio administrado. Hay que reclamar y hacerlo por escrito, puesto que las palabras (por desgracia) se las lleva el viento, y al final, la razón y la verdad bien conducida da fruto, e incluso sirve como resorte para que las cosas se gestionen y resuelvan con un final que se ajuste a derecho.

 

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